Se llevó a cabo la tercera reunión del año de la Red de Cannabis y sus usos medicinales del CONICET

En las salas 1 y 2 del Centro Cultural de la Ciencia (C3) se llevó adelante el jueves pasado la tercera reunión de la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET. Como ya venía sucediendo, participaron científicos y científicas, diputadas nacionales, representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, del Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, magistrados relacionados al tema y organizaciones de la sociedad civil –como Mamá Cultiva o CAMEDA- y de cannabicultores.

Tal como había ocurrido en la última reunión, celebrada a mediados de febrero, los integrantes se dividieron en comisiones para trabajar sobre los puntos relacionados a la investigación en materia de cannabis medicinal: la cuestión de la producción; la reglamentación de la Ley 27350; la investigación clínica; la investigación básica; el control de calidad; y de cómo comunicar sobre cannabis derribando los prejuicios instalados alrededor de la planta. Luego, realizaron un plenario general para exponer las conclusiones de lo debatido en grupos, encabezando por la investigadora del CONICET Silvia Kochen, impulsora de la RACME.

Durante el plenario general, los integrantes de la comisión de investigación clínica fueron los primeros en exponer sus conclusiones: comentaron que definieron tres grandes temas a trabajar. En primer lugar, la necesidad de contar con un mínimo rotulado de los preparados y el perfil de los productos, en segundo lugar la cuestión de la seguridad de los productos –la estabilidad y la toxicología- y también el tema de la variabilidad interlaboratorio. También, indicaron que es necesario trabajar en la farmacocinética y la famacodinámica de los productos, definir mejor las vías de administración, y qué sucede en los casos de embarazo y lactancia. También conversaron sobre los desafíos que enfrentan a la hora de investigar sobre cannabis medicinal, la necesidad de contar con instrumentos legislativos para poder hacer ensayos doble ciego, obtener el consentimiento informado para pacientes y cómo lidiar con los comités de ética.

A continuación, los integrantes de la comisión de investigación básica se unieron a los de control de calidad y expusieron sobre los puntos que debatieron: manifestaron que la necesidad más explícita en la que coincidieron es en solicitar una reunión con las autoridades del CONICET para que se pueda asegurar la obtención de insumos para la investigación básica, así como plantear que en los proyectos de investigación que no comprometan a seres humanos se quite la restricción de que el Ministerio de Salud intervenga. Señalaron que esa última cuestión los deja atrapados sin respuesta y que “hay muchos proyectos trabados desde hace años por eso”. Por último, expresaron el ímpetu de solicitar la autorización para tener una mínima plantación en los institutos y universidades destinada a la investigación básica, y que el Ministerio de Seguridad no interceda para poder contar con ello.

Luego fue el turno de la comisión de sociales. Sus integrantes transmitieron que están ideando un documento o un producto comunicación que allane el camino de una nueva reglamentación y que ayude a combatir los actuales allanamientos que están siendo de público conocimiento de plantaciones de cannabis con fines medicinales. Dicha producción, dijeron, la están pensando alrededor del acceso a los productos y a mostrar la heterogeneidad de quiénes y cómo los usan –que, dijeron, se trata de un público que va desde madres a niños y gente que padece patologías dolorosas-, y también hicieron hincapié en la necesidad de acompañamiento de dichas personas –que suelen acceder de manera solitaria a los beneficios de la planta, así como la información que se comparte entre médicos y en ateneos tampoco le llega a un público amplio-.

La comisión de producción, más adelante, manifestó que el debate al interior del grupo fue similar al que había ocurrido en la reunión anterior celebrada en febrero: conversaron sobre la necesidad de determinar los diferentes modos de producción disponibles, desde los pequeños productores, privados, estatales. También señalaron las dificultades que significa la reglamentación actual de la Ley de Cannabis Medicinal, a la que definieron como “una traba concreta” con la que se topan a diario.

Por último, la comisión de reglamentación tuvo como vocera a Valeria Salech, de la ONG Mamá Cultiva. “Me atrevo a decir que esta es la comisión más conflictiva: es muy difícil porque queremos agregar cosas que la ley no dice”, advirtió. “Hay dos artículos que son los más conflictivos: uno que habla de la gratuidad, y otro que establece que el Ministerio de Seguridad es la autoridad competente: todos estamos de acuerdo que hay que cambiar ambas cuestiones”, precisó. Hubo consenso, dijo, con los representantes del Ministerio de Seguridad incluidos, de que teniendo en cuenta que la Ley no menciona en ningún caso a dicho Ministerio, se lo debería eliminar en la propuesta de la nueva reglamentación. Luego, Salech comentó que se formará una subcomisión de redacción para realizar una redacción específica que sirva de insumo para la institución de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación. Y tal como se viene realizando, se tomará en cuenta la redacción de leyes similares de otros países. “Buscaremos que no se encorsete solo como un medicamento a los productos derivados de cannabis sino, tal como se hace en casi la mayoría de países, que haya otras figuras como suplementos dietarios o productos medicinales especiales, para facilitar los controles, el seguimiento y el acceso”, agregó Kochen, que también participó en dicha comisión.

La conclusión final del encuentro, en la que todos coincidieron, es que se manifiesta como algo urgente la necesidad de que cambie la reglamentación de la Ley 27350 de Cannabis Medicinal. También se acordó que próximamente habrá un nuevo encuentro, para continuar trabajando en todas las cuestiones pendientes de resolución.